Un total de 104 actividades fueron agregadas al listado de alto riesgo. En el 2016 se emitió una norma similar, pero fue derogada poco después de su promulgación debido a las críticas de gremios.
El Gobierno publicó el Decreto Supremo Nº 008-2022-SA, que actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud e incorpora 104 actividades que se consideran de “alto riesgo”. La norma generaría sobrecostos paras diversos rubros, ya que esta opción implica una mayor cobertura que un seguro regular.
El Gobierno publicó el Decreto Supremo Nº 008-2022-SA, que actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud e incorpora 104 actividades que consideran de “alto riesgo”. Los empleadores de este grupo de trabajadores deberán contratarles un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual tiene mayor cobertura que un seguro regular.
La norma ha generado críticas por parte del empresariado y de expertos en derecho laboral debido a que, a su parecer, la lista de actividades es muy amplia e incluye un grupo que no debería ser considerado de alto riesgo. Es el caso de las actividades de restaurantes, cultivo de hortalizas, la odontología, la impresión y las actividades veterinarias, entre otras.
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La norma que regula el SCTR establece que este debe ser contratado para todas las personas que laboran en el centro de trabajo donde se realiza la actividad peligrosa y no solo beneficia a quien directamente realiza la actividad. En el caso de un restaurante, se tendría que contratar en favor de los meseros, recepcionistas y otras actividades.
Una norma similar se aprobó a finales del 2016, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero en ese momento, los gremios empresariales indicaron que lo aprobado generaría un sobrecosto no mapeado, por lo que se derogó, indica Germán Lora, socio del estudio Damma.
El laboralista no cree que la norma se derogue, como ocurrió en el 2016, dada la línea política del Gobierno, pese a que el país se encuentra en una situación económica en la cual no se puede seguir incrementando los costos. “Este gobierno ha demostrado que no le interesa si sus normas terminan incrementando los costos de contratación”, afirmó.
